La sensación de parálisis, tanto en lo económico como en lo que atañe a la gestión pública, es cada vez más notoria. Si de guarismos se trata, ahí esta la meta de 4% de crecimiento para el año 2018 en serias dudas; el magro crecimiento de setiembre (2,1%) implica que tendríamos que crecer por encima del 5% en el cuarto trimestre del año para lograr el objetivo anual del gobierno. Es, si no imposible, altamente improbable.

No podemos culpar, esta vez, a factores externos: los precios del cobre y el oro están en niveles muy altos, las tasas de interés relativamente bajas, el mundo creciendo al 3,7% (última proyección del Fondo Monetario Internacional), y así. Es decir, la economía global camina robusta, mientras una economía en vías de desarrollo como la nuestra pierde el paso.

Peor aún, las decisiones de política interna siguen mermando nuestra capacidad futura de incrementar nuestra productividad: esta semana el INEI presentó los datos de informalidad (10 meses creciendo al 4%), lo que constata la pésima toma de decisiones en un aspecto clave para nuestro desarrollo (guiado fundamentalmente por los sucesivos incrementos en el sueldo mínimo –sin sustento en la productividad–, de las regulaciones laborales, etcétera). A este desastre habría que sumarle una plétora de barbaridades regulatorias y tributarias (norma antielusiva, límite a la deducción de intereses, incremento de la carga de Essalud, incremento en los costos de operación en distintos sectores –pesca, automotor, entre otros–) para entender por qué las cosas podrían ir peor.

¿Cómo revertir esta situación? Lamentablemente, solo hay una persona capaz de asumir el liderazgo y actuar de manera decidida a favor de un giro en el sendero establecido: el presidente Martín Vizcarra. Ni el Legislativo, ni los gremios, ni los ‘think tanks’, ni la prensa, ni nadie puede hacer nada por revertir la situación si el mandatario no asume el liderazgo y control del tema. Dije ‘lamentablemente’ por una sencilla razón: el presidente Vizcarra está enfocado en otra tarea, aquella de luchar por el poder. Dicho sea de paso, en eso no le va mal; la popularidad del mandatario se encuentra en 65% y responde a una identificación ciudadana con su causa. En simple, el presidente está capitalizando la desazón ciudadana contra el Legislativo, así como con la lucha contra la corrupción. Esto último es más un ejercicio retórico que de acciones concretas, pero ahí esta la ciudadanía alineada con la narrativa.

Que el presidente goce de altos niveles de popularidad debería ser una buena noticia, por supuesto. El problema es que la misma se base, hoy día, en una postura política más que en resultados tangibles de gestión, lo cual augura que entre gestionar y confrontar primará en su agenda lo segundo. Si esto es así, ¿qué se puede hacer para revertir la parálisis económica? ¿Cómo reactivar la administración pública si el principal responsable se encuentra enfocado en otra tarea?

Este no es un problema que se solucionará con exhortaciones y comunicados de empresarios o personalidades. Como bien señala Bruce Bueno de Mesquita, la lucha por conseguir o mantener el poder no se trata de lo que es bueno para el país, sino de lo que sirve a personas con nombres e intereses definidos en dicha búsqueda. En este caso, ya sabemos quiénes son.