Opinión

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Finalmente entró en vigor el manual de advertencias publicitarias para el rotulado de grupos específicos de alimentos procesados. Esto es, los famosos “octógonos” en los empaques de golosinas y afines, que en determinado momento se quiso reemplazar por incomprensibles “semáforos” de advertencia.

Siendo un tema largamente debatido, que enfrentó a nutricionistas y expertos en salud pública, por un lado, y a industriales y comerciantes por el otro, debe celebrarse su activación oficial, ya que los beneficios serán para los así llamados consumidores finales: nada como la información para tomar decisiones conscientes, cualquiera sea el ámbito, más aún en el caso concreto de la alimentación. Cuatro sellos alertarán ahora sobre los contenidos de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans en determinados productos de consumo masivo, sustancias cuyo consumo genera altos riesgos para la salud.

Pasadas las controversias en el Congreso, donde tuvieron lugar desde maniobras tergiversadoras hasta triquiñuelas burocráticas que intentaron bloquear la iniciativa, respaldada tanto por Organización Mundial de la Salud (OMS), respetadas personalidades de la comunidad médica y científica, además de una experiencia exitosa en el vecino país de Chile, la ley contempla también el monitoreo de colegios públicos y privados, donde la circulación de golosinas para niños es comprensiblemente desbocada, tarea que compete, ya no solo a la empresa privada, sino a los ministerios de Salud y Educación.

Medidas para combatir los males que provienen del consumo de las cuatro sustancias aludidas son ya casi moneda corriente en países industrializados (algunos de ellos llegan incluso a prohibir, por ejemplo, las grasas trans, en el Perú solo se advierte sobre su uso). Atrás debe quedar entonces el flácido argumentismo doctrinario de quienes todavía alegan que la información detallada sobre el contenido de cada producto envasado sirve solo para aumentar la “tramitología”, presunto vía crucis de la iniciativa privada en el país.

A estas alturas del siglo XXI, la salud pública es menos negociable que nunca.