Opinión

¿Quién podrá defendernos?, por Ricardo Valdés

¿Quién podrá defendernos?, por Ricardo Valdés

La pregunta no es ociosa ni hace referencia al Chapulín Colorado. La inseguridad ciudadana, uno de los dos principales problemas del país, requiere hoy en día de un sentido de urgencia que el Ejecutivo no parece tener o no logra transmitir. Más aun, con el complicado escenario sociopolítico que se avecina en el 2020, en el que los conflictos y demandas sociales, económicas y políticas, seguramente se multiplicarán y se posicionarán. La percepción de un Ejecutivo cada vez más débil será aprovechada por diversos sectores y personas, particularmente entre quienes se sienten posibles candidatos al próximo Congreso o al sillón presidencial, para azuzar a las masas y legitimarse como líderes.

Por otra parte, si la economía empieza a tener serios tropiezos, el desempleo y la informalidad se incrementarán, y lo harán también las economías criminales ligadas a la minería, al contrabando y al tráfico de personas, drogas, oro, madera, mercurio y armas, entre otras lacras vigentes en el país, que terminan por cobijar a quienes buscan ingresos a cualquier precio.

En los últimos quince meses, las víctimas del delito callejero se incrementaron en todo el país, sobre todo en Lima (INEI, abril 2019), mientras que los ciudadanos aseguran que el patrullaje ha disminuido en su distrito, dejando la ciudad en manos de los delincuentes (IEP, marzo 2019). Esto es sumamente grave, pues pueden instalarse el miedo y la anarquía, dando pie a linchamientos y al resquebrajamiento del Estado de derecho. Nada indica que estas tendencias vayan a cambiar; por el contrario, pueden complicarse aun más.

Con el escenario movido por la conflictividad y la criminalidad organizada, las fuerzas del orden estarán muy ocupadas y la probabilidad de que se descuide la calle es muy alta.
Ante la inminencia, peligrosidad y tamaño del problema, van algunas reflexiones, para intentar sobrevivir al asalto cotidiano.

Los alcaldes de los gobiernos locales deben asumir el liderazgo desde sus comités de seguridad ciudadana y desde estos evaluar a los comisarios y la marcha de los indicadores de inseguridad, sobre todo en aquellas zonas con mayores índices de criminalidad. Si fuese el caso, los alcaldes deben asumir la estrategia Barrio Seguro, y supervisar a los sectores sociales que forman parte de la estrategia multisectorial. La PCM debe trasladar a esos municipios los recursos para la sostenibilidad de la estrategia.

Los ciudadanos debemos también poner de nuestra parte y asistir a la comisaría, cuantas veces sea necesario, a denunciar cualquier situación de inseguridad. Actualmente solo denunciamos un 15% de los delitos de los que hemos sido víctimas. La policía requiere de nuestra información. Pero debemos, también, documentar el trato que recibimos, las veces que vemos a un patrullero de nuestro distrito estacionado sin patrullar y comunicárselo a nuestro alcalde y exigir que nos represente y presione a las autoridades por respuestas. Cualquier maltrato o falta de interés policial debe ser ampliamente difundido. El Ministerio del Interior debe poner a los mejores efectivos en las comisarías y organizar el patrullaje de una manera eficiente, aunque ello implique modificar el horario de trabajo en las comisarías a jornadas de ocho horas, seis veces por semana.

Las encuestas han identificado que el origen del incremento de la delincuencia se encuentra en la disminución del patrullaje. A inicios del 2018 quedó listo el proceso para alquilar 900 patrulleros, con mantenimiento incluido, lo que hasta abril de este año el Ministerio del Interior no había podido concretar. Sin embargo, pareciera que este servicio ya ha sido otorgado, a través de una adjudicación directa, por un monto mayor al originalmente planteado en el estudio de mercado. Esperemos que la adjudicación haya sido correcta y transparente, de tal forma que se pueda contar pronto con estos vehículos para la seguridad y protección de la ciudadanía. Dichos vehículos deben también incorporarse al sistema denominado Sipcop, que permite saber dónde se encuentra cada patrullero, el recorrido realizado y el consumo de combustible, entre otros aspectos. Debe comunicarse mensualmente qué comisarías tienen los mejores y los peores índices de patrullaje para la reacción de los alcaldes y de los vecinos.

Requerimos de una nueva actitud y liderazgo de los gobiernos locales, de la ciudadanía, de la gestión honesta de la policía y de la prensa vigilante para afrontar la ola delincuencial que, sin duda alguna, se presentará intensamente en los próximos meses, mientras el Gobierno se encuentra ocupado en las pugnas políticas.