Política

Condenan a coronel, oficiales y subalternos del Ejército por desobediencia en Loreto

Condenan a coronel, oficiales y subalternos del Ejército por desobediencia en Loreto

Un coronel, un teniente, tres suboficiales y un técnico del Ejército fueron condenados por el delito de desobediencia, lo que permitió el robo de 18 fusiles Galil del Batallón de Material de Guerra 115, ubicado en la región Loreto.

La Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial los encontró responsables del lecho, que configuran delitos de función, luego de la investigación que inició la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Maynas en el 2016.

Los militares sentenciados por el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 117º del Código Penal Militar Policial, a pena privativa de la libertad efectiva en instancia definitiva son el teniente coronel EP Rudy Eduardo Garibay Alguiar a 3 años, el teniente EP Miguel Angel Quiroz Gonzales a 2 años y 8 meses, y al técnico de primera EP Miguel Antón Flores Pastor a 2 años y 8 meses.

Los condenados a pena privativa de libertad suspendida, con un periodo de prueba de 18 meses son el suboficial de tercera EP Henry Jorge Saravia Reymundo a 2 años y 6 meses, el suboficial de segunda EP Reynaldo Muñoz Quispe a 2 años y 6 meses, y Adrián Oscar Tello Huamán a 2 años.

Los tres últimos deben cumplir las reglas de conducta como la prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del juez, comparecer personal y obligatoriamente al juzgado en forma mensual.

Se fijó la reparación civil en S/ 100 000 soles, monto a ser pagado en forma solidaria por los condenados y que comprenderá el valor actualizado de los 18 fusiles Galíl que deberán ser adquiridos por el Ejército del Perú para reponer las armas sustraídas.

Robo en el Ejército

El hecho ocurrido en diciembre del 2015, se produjo en el cuartel del Batallón de Material de Guerra N° 115, en la localidad de Zungarococha, en el kilómetro 5.5 de la carretera Iquitos-Nauta.

El segundo día de enero del 2016, el suboficial EP James Paredes Mozombite detectó que la puerta del almacén de la armería estaba semiabierta.

Lo reportó a su superior, el mayor EP Segundo Valverde Flores, por lo que luego de una inspección se concluyó que faltaban 18 fusiles Galil calibre 5,56 mm. La cadena que sujetaba a las armas de largo alcance habían sido violentadas con una cizalla.

Para el Ministerio Público, el robo se produjo bajo la modalidad de "encargo" y necesariamente debe haber contado con la participación de militares que conocían de la ubicación y de la vulnerabilidad de la infraestructura.