Política

Pleno del Congreso aprueba uso de la firma digital para remisión de información presupuestal

Pleno del Congreso aprueba uso de la firma digital para remisión de información presupuestal

El Congreso de la República aprobó el último viernes la ley que habilita el uso de la firma digital en la remisión de la información presupuestal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General. Este medida aprobada por unanimidad de los legisladores asistentes a la sesión (128 parlamentarios) permitirá modernizar la gestión en el sector público.

La norma dispone que las más de dos mil instituciones públicas que tenían la obligación de remitir su información financiera, presupuestal y contable de manera física al Parlamento ahora podrán hacerlo de manera virtual a través de una Plataforma Digital para Gestión de la Información.

La misma estará a cargo del área de Informática del Congreso de la República, y además será financiada por el presupuesto del Legislativo. Esta hará uso de sellos de tiempo y mecanismos basados en estándares internacionales para comprobar el estado del certificado digital asociado.

Durante el debate de esta ley, el titular de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) remarcó en la necesidad de esta para "la modernización de la gestión pública” e instó a los legisladores a “apostar por la tecnología” para generar una mayor rapidez en el Estado.

Cabe destacar que con esta nueva norma la información presupuestal será entregada tras ser suscrita digitalmente por los funcionarios y servidores de las entidades públicas, mediante el certificado digital de persona natural incorporado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) Electrónico. La misma tendrá la misma “validez, eficacia jurídica y probatoria que un documento impreso y firmado en forma manuscrita”.

Finalmente, la ley precisa que su implementación será progresiva. Para los ministerios y gobiernos regionales, la misma regirá desde el 11 de agosto de 2020; para los gobiernos locales y provinciales a partir del 1 de septiembre de 2020; y para las demás entidades públicas a partir del 1 de octubre de 2020.