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Hablan las "víctimas de confesiones forzadas" sometidas por régimen chino

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Un total de 13 personas que se denominan “víctimas de confesiones forzadas transmitidas por la televisión china” piden con urgencia al operador satelital Eutelsat reconsiderar la presencia de los canales chinos CGTN y CCTV4 en sus ondas.

La carta publicada por la organización de derechos humanos Safeguard Defenders detalla una lista de violaciones de las que China sería culpable, al usar —según ellos— confesiones suyas obtenidas bajo presión y, además, negarles “el derecho a un juicio justo”.

“Le estamos pidiendo... determinar si los proveedores televisivos en las sociedades democráticas siguen siendo cómplices por difundir información distorsionada obtenida de manera intencional por medio de la tortura”, añade el grupo en la carta.

“Somos únicamente 12 víctimas que podemos hablar. Muchas otras están en la cárcel y algunas fueron ejecutadas”, agregan.

“Las víctimas no tienen posibilidad de pedir reparaciones. La única manera de parar esto es que los reguladores de televisión investiguen y tomen medidas”, añadió el grupo.

La carta destaca que la cadena publica australiana SBS cesó de utilizar el contenido de la cadena oficial de televisión china en marzo por problemas relacionados con los derechos humanos.

El Reino Unido multó a la cadena CGTN por parcialidad y violación de la privacidad y la removió de sus ondas, una prohibición que llevó al canal a buscar una sede en Francia.

El regulador francés audiovisual CSA determinó en marzo que la cadena CGTN reúne las condiciones técnicas necesarias para transmitir, pero esta semana Safeguard Defenders presentó queja contra el canal.

Los firmantes son de China y otros países, entre ellos los abogados de derechos humanos chinos Bao Longjun y Jiang Tianyong, quienes fueron objetivos de su Gobierno.

También firmó la carta Simon Cheng, un extrabajador del consulado británico en Hong Kong, que recibió asilo en el Reino Unido tras haber sido detenido y torturado —según él— por la policía secreta china.

Otro de los que apoya el reclamo es el activista sueco y cofundador de Safeguard Defenders Peter Dahlin, quien pasó tres semanas en la cárcel en 2016 antes de ser expulsado del país como una amenaza para la seguridad nacional.

Angela Gui, hija de Gui Minhai, sentenciado a 10 años de cárcel en 2020, firmó a nombre de su padre.

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