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Bancada de Avanza País rechaza proyecto que plantea control de medios: "Pone en peligro la libertad de expresión"

Bancada de Avanza País rechaza proyecto que plantea control de medios:

La bancada de Avanza País rechazó el proyecto de ley presentado por Perú Libre que plantea que el Estado pueda controlar el contenido de los medios de comunicación en casos de emergencia nacional. Explicaron que esta iniciativa atenta contra la libertad de expresión.

“El grupo parlamentario avanza país rechaza categóricamente el proyecto de ley presentado por la bancada de Perú Libre, que tiene como finalidad controlar a los medios de comunicación determinar su contenido, poniendo en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa”, se lee en su pronunciamiento en redes sociales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía de luchar a favor de las libertades y el Estado de Derecho. Nos mantenemos firmes frente a cualquier acción que pueda interpretarse como una amenaza a los principios escánciales de todo sistema democrático”, agrega el escrito en la misma línea.

“No apoyaremos ningún proyecto de ley que intente censurar o controlar el libre funcionamiento de algún medio de comunicación, bajo ninguna circunstancia”, culmina el escrito.

El documento lleva las firmas de todos los integrantes de la bancada y se suma a los pronunciamientos de instituciones como el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia, que han rechazado las características de esta iniciativa legal.

¿Qué plantea el proyecto de Perú Libre?

El congresista Abel Reyes de Perú Libre es autor del proyecto de ley N°00269/2021-CR que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

La propuesta implica el control de contenidos en medios de comunicación y que en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones.

También refiere que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.